Subsecretaría Promoción y Protección de Derechos

La sanción de la Ley provincial N° 13.298 marcó un hito en el proceso de construcción del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (SPPDN) en la provincia de Buenos Aires. Esta  Ley resultó de un largo y sinuoso camino recorrido por legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de organizaciones de la sociedad civil vinculados con la defensa de los derechos de los NNyA.

El paradigma de atención a la infancia no se redujo a la adecuación de las normas vigentes, sino que también implicó una reforma institucional que involucró la transformación de las reglas de juego de los actores sociales e institucionales, sus prácticas y modos de intervención frente a la problemática de la niñez y adolescencia.

El SPPDN implicó  una organización estatal especializada que da cuenta de la especificidad y de las características que han asumido la sociedad en su conjunto y las familias en particular. Para ello, fue necesaria la transformación de las prácticas institucionales y acciones superadoras que permitan resguardar, restablecer, restituir y garantizar la realización de los derechos de los niños y sus familias, en cada caso y ante cada necesidad.

Hubo dos momentos bien definidos a lo largo de este tiempo que se ha transitado:

-    La primera etapa correspondió a la introducción de la CIDN en el sistema de leyes de la provincia. Este proceso significó un importante avance en la incorporación de los conceptos y marcos de intervención que corresponden al Modelo de la Protección Integral. Entre estas normas se encuentran la Ley 13.803 que crea el Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la Ley 12807 que tiene por objetivo la prevención del abuso sexual contra niños en el territorio de la provincia de Buenos Aires y la  Ley 13.688 por la cual la Provincia de Buenos Aires asume la responsabilidad indelegable respecto a garantizar la educación de sus habitantes, entre otras. El cambio normativo significó una ruptura radical del enfoque jurídico de la infancia al considerar al niño como un sujeto de derecho y al proyectar este principio sobre los lineamientos de las políticas públicas y las prácticas de actores gubernamentales y no gubernamentales. El desafío en esta etapa se centró fundamentalmente en que la norma jurídica se constituyera en un instrumento para producir cambios en las instituciones, procesos y prácticas profesionales y administrativas.

-    La  segunda etapa  significó la creación de la nueva institucionalidad para la implementación del SPPDN que crea la Ley provincial 13.298 a partir de 2007, lo que implicó la puesta en marcha de instancias territoriales para la atención de NNyA en el ámbito del Poder Ejecutivo (Servicios Locales y Zonales de Protección de Derechos), una reforma en el ámbito del Poder Judicial (creación de los fueros de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil), el diseño de procedimientos de atención de situaciones especiales y excepcionales y la organización y adecuación de la oferta programática destinada a la niñez  y la adolescencia. Este proceso de carácter político institucional requirió, además de la definición de aspectos normativos sobre los dispositivos de atención y de protección, una tarea de transformación de las prácticas institucionales en los distintos planos en que opera el sistema involucrando también funcionarios, equipos técnicos y operadores de las instituciones de cuidado. Es sin dudas, el proceso más complejo de construcción político y técnico del Sistema porque implicó la creación, transformación, reemplazo y/o desaparición de un conjunto de instituciones involucradas en la atención del niño y su contexto social.

A lo largo de estos años la Autoridad de Aplicación, primero el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y desde fines de de 2011 la Secretaría de Niñez y Adolescencia, creada por decreto 11/11 del gobernador, fortaleció la legitimación del rol que vinieron a ocupar los Servicios de Promoción y Protección de Derechos, constituidos en órganos técnico-administrativos que intervienen en la gestión para la restitución de derechos en la infancia.

Son varios los organismos del Poder Ejecutivo provincial que tienen políticas y programas destinados a la niñez y la adolescencia como parte indisoluble del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, creado por Ley Provincial 13.298, y son todos estos organismos quienes encarnan parte de este nuevo paradigma en la acción, transfiriendo a sus recursos humanos y dispositivos territoriales la difusión de los Derechos que deben preservarse en función del Interés Superior del
Niño, garantizando el acceso a la identidad, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la preservación contra toda forma de explotación y discriminación, entre otros Derechos consagrados por la Convención por los Derechos del Niño.

A su vez, este Sistema insta a los municipios a promover la desconcentración de  las acciones de promoción, protección y restablecimiento de Derechos en el ámbito local, con participación activa de las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez. Así es como 123 municipios ya han adherido a la ley y han conformado sus Servicios Locales que llevan adelante acciones de promoción y protección de Derechos, interviniendo sobre una demanda anual de 100 mil niños, niñas y adolescentes que llegan a estos servicios.

El financiamiento de esta política de desconcentración esta previsto por la Ley Provincial 13.163, del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales (FFPS), de transferencia mensual, que desde que se implementó la ley, a principios de 2007, aumentó casi un 300 % hasta la fecha y se espera que al finalizar el 2012, el desembolso anual llegue a los 350 millones de pesos. La mitad de esa masa coparticipable debe ser invertida por los municipios en políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, en tanto el restante 50 % a la ayuda social directa.

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