Enfoque

La temática de NNyA ha sido crecientemente puesta en la agenda de las problemáticas cruciales del desarrollo y de las deudas pendientes a nivel mundial  y también en América Latina, fundamentalmente desde la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN en adelante) en 1990.

La CIDN ha transformado la perspectiva en que se considera y se trata a la infancia en todo el mundo, ejerciendo además una profunda influencia en las legislaciones, los programas y las políticas nacionales e internacionales, las instituciones públicas y privadas, las familias, las comunidades y los individuos, y ha servido de apoyo a importantes progresos en materia de supervivencia, desarrollo y participación en todo el mundo.

En el proceso de construcción de un marco conceptual de derechos humanos para la definición, implementación y seguimiento de políticas públicas, la mencionada Convención constituye un aporte sustantivo a este marco de derechos humanos.

Este avance conceptual y normativo internacional ha significado la construcción de una nueva perspectiva respecto de los propios derechos de NNyA así como de las propias obligaciones que competen a los estados, las familias y la propia sociedad en su consecución. Ello implica también desafíos y tensiones en cuanto su cumplimiento y la implementación de mecanismos institucionales que garanticen dicha efectivización.

En el mismo sentido, estos procesos no solo implican transformaciones normativas e institucionales de los actores, sino fundamentalmente la construcción simbólica de universos de sentido respecto de las condiciones de la infancia, lo que pone en evidencia también las deudas pendientes en cuanto al bienestar y acceso a derechos básicos tales como salud, educación, y un desarrollo integral principalmente de aquellos niños de sectores más vulnerables.

Este enfoque ha puesto el acento en el fortalecimiento de modelos de intervención que aborden la situación de las familias a partir de políticas de protección y promoción de sus derechos, desde una perspectiva que atienda la diversidad cultural, social y de género.

De modo complementario, en los últimos años el debate sobre las políticas sociales y su rol en la construcción de ciudadanía ha recuperado su potencia, en parte promovido por diversos actores académicos e internacionales que desde diversas perspectivas han incorporado el concepto de protección social.

Esta noción de protección social ha puesto (nuevamente) de manifiesto una serie de tensiones sobre los riesgos para la cohesión social, y ha resaltado sus consecuencias respecto de los cambios operados  en el mercado de trabajo y en los modelos de desarrollo que se consolidaron en la región y en Argentina en los últimos años y que afecta a las familias y a NNyA en sus contextos sociales y trayectorias de vida.

La literatura  ha reseñado los cambios operados en las familias, en su estructura y dinámica de funcionamiento y sus implicancias, así como los desafíos en cuanto a la revisión de los regímenes de género vigentes, con fuertes inequidades aún entre varones y mujeres, tanto adultas como niñas y adolescentes.

Todo ello conjuntamente con la revisión de los modelos de desarrollo y los marcos jurídicos de protección de derechos antes mencionado, ha enriquecido el debate y sumado complejidad a la agenda de temas y desafíos vinculados con la infancia y sus derechos.

El cumplimiento de los derechos de NNyA exige una comprensión de sus circunstancias y contextos sociales y familiares,  lo cual implica indagar no sólo aspectos generales de las condiciones de vida e inserción laboral de los hogares sino también características tales como entorno familiar, condiciones salud, habitacionales, así como su situación educativa.

En la provincia de Buenos Aires habitan 4.880.464 de NNyA que representan el 31,9% de la población. El 62,5% se concentra en el Gran Buenos Aires, donde reside (por ende) la mayor proporción de niños y adolescentes de la provincia. Si se considera aquellos que viven en el resto de los grandes centros urbanos -Gran La Plata, Mar del Plata-Batán y Bahía Blanca- la proporción supera el 70% de la población de la provincia, mientras que el 30% restante habita en el interior.

Considerando la distribución por sexo de la población menor de 18 años se encuentra que, en la actualidad la población femenina alcanza al 49,1%, mientras que la masculina asciende al 51,9%. En nuestro territorio se producen al año el 37,6% de los nacimientos del país, es decir que, uno de cada tres niños nacidos al año en Argentina, es bonaerense.

Un elemento central del enfoque se refiere a la consideración de los NNyA como sujetos de derecho, y no como objeto de protección. De esta manera, reconociéndole la capacidad de tener y ejercer derechos, se supera la noción de niño definido por su incapacidad jurídica.

Ello indica por tanto, que debe reconocerse como una problemática particular y específica, que debe atenderse la vulneración de sus derechos, y la protección cuando ellos se encuentran en riesgo, obliga a la restitución de los mismos, y a brindarles especial cuidado que merecen como personas.

El reconocimiento de esta situación obliga a modificar la perspectiva y el accionar en relación a la infancia en su conjunto, poniendo en tensión el modo en que se han establecido las relaciones entre el mundo de los adultos y el de la infancia a fin de construir un nuevo conjunto de creencias, valores y métodos de intervención.

Tanto la normativa nacional, y también en el caso de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en la incorporación definitiva de conceptos centrales de este enfoque, a saber:

-    el niño, niña y adolescente como sujeto de derecho,
-    la permanencia del mismo/a en el seno del núcleo familiar,
-    el interés superior del niño/a,
-    la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la CIDN.

La nueva legislación determina que los niños/as, empiezan a ser reconocidos como plenos sujetos de derechos, como personas que por estar en una condición particular, por su etapa en desarrollo, además de tener los derechos de los cuales son titulares los adultos, tienen más y mejores derechos.

El concepto de interés superior del niño sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus últimos pronunciamientos refiere que: “Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades” .

El plexo normativo avanzó en el establecimiento de políticas públicas dirigidas a la infancia y la definición de los organismos de aplicación. Entre las políticas y programas creados, y a crearse, se privilegian las de prevención, promoción y protección, generando mecanismos que promuevan el desarrollo de redes y sistemas locales que intervengan en las situaciones de vulneración de derechos. También, instancias de participación con organizaciones sociales que permitan una adecuada articulación entre ellas y de ellas con el Estado.

La participación directa de todos los actores sociales, NNyA, familias, escuelas, OSC , iglesias, efectores sociales y sanitarios y organismos específicos descentralizados, en la política pública, asegura la implementación de un sistema que garantice el acceso y efectivo ejercicio de los derechos por parte de NNyA.

Este enfoque conceptual ha implicado la definición y puesta en marcha de una nueva institucionalidad que involucra al conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, así como establecer los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la CIDN, y demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino.

La aplicación y los mecanismos que hacen exigibles estas medidas en el marco del SPPDN implica un cambio sustancial con respecto al régimen anterior que centralizaba en la figura del Juez la solución de las cuestiones asistenciales, civiles y penales de las personas menores de edad y sus familias.

A partir de la nueva legislación tanto nacional como provincial, cuando los derechos del niño se ven amenazados o vulnerados, se ven involucrados todos los organismos de la administración pública bajo el principio de corresponsabilidad institucional.

La estructura del SPPDN reconoce tres instancias integradas pero diferenciadas entre sí. En la base del mismo se encuentran un conjunto de Políticas Públicas Básicas y Universales definidas como necesarias para el pleno desarrollo del niño, niña y adolescente: educación, salud, desarrollo social, educación, cultura, recreación, participación. Así mismo se plantea la garantía estatal para el pleno acceso a las mismas, la gratuidad, la prioridad en la atención y la permanencia en ellas a lo largo de todo su crecimiento.

Como segunda instancia se define un conjunto de políticas específicas, que conforman las Medidas de Protección de Derechos. Las mismas están dirigidas a restituir los derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias por acción u omisión del estado, la sociedad o la familia o bien por la propia conducta del niño.

La protección integral abarca medidas dirigidas al niño o al grupo familiar tales como el otorgamiento de una ayuda económica, la inclusión en una institución educativa, el cumplimiento de un tratamiento médico o la permanencia en un programa de fortalecimiento de la familia.

La última instancia del Sistema son las Medidas Especiales y Excepcionales. Son aquellas que deben adoptarse cuando agotadas todas las posibilidades de implementar medidas de protección integral y por razones vinculadas al interés superior del niño, éste debe separarse temporal o permanentemente de su grupo familiar primario o de convivencia.

La Provincia de Buenos Aires ha sancionado el marco normativo de referencia y es una de las jurisdicciones que ha avanzado en la implementación del mencionado Sistema y en consecuencia dado además su importancia relativa en el conjunto de los gobiernos provinciales, resulta pertinente el análisis del estado de situación del SPPDN a cinco años de iniciada su puesta en marcha.

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